EN ESPAñA, UNOS 900 PROFESIONALES DE LA SALUD RECHAZARON LA MEDIDA DEL GOBIERNO DE RAJOY
Médicos que se rebelan para atender ilegales
Los extranjeros que no cuenten con los papeles en regla tendrán que pagar para acudir a hospitales y centros de salud públicos desde el 1º de septiembre. La ley ya provocó la reacción de la Sociedad de Médicos de Familia.
España vive una insurrección en el sector de la sanidad por una impopular iniciativa del gobernante Partido Popular (PP). Más de 900 médicos no dejarán de atender a los inmigrantes ilegales, en oposición a la reforma en la salud impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que pretende dejar sin asistencia gratuita a los inmigrantes sin papeles. La medida no convence a los profesionales de la salud. “No resuelve el problema y desde el punto de vista profesional nosotros, en la Sociedad de Médicos de Familia, seguiremos prestando asistencia exactamente igual que hemos venido haciéndolo hasta ahora”, dijo Salvador Tranche, titular de ese organismo. La normativa entrará en vigor el 1º de septiembre como parte de un paquete de recortes del gobierno conservador para reducir el gasto público de un 8,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a un 3 por ciento en 2014.
El diario El País, de España, publicó esta semana que la orden que prepara el gobierno de Rajoy establece que los extranjeros menores de 65 años que quieran ser atendidos en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año, unos 59,20 mensuales. Desde los 65 años en adelante, el costo de la atención ascendería a 1864,80 euros anuales, es decir, 155,40 al mes. La memoria económica que acompaña al borrador presentado por el Ministerio de Salud español concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”. La medida se desprende de un decreto publicado a fines de abril, que delimitaba el acceso a la sanidad pública, y de un segundo decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado español del sábado pasado, que recoge cambios, como trasladar a los mayores de 26 años que no se encuentran inscriptos en la Seguridad Social, a la condición de asegurados y dejar afuera a quienes tengan rentas superiores a los 100.000 euros anuales.
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