LA CNV PREPARA UN INFORME SOBRE DELITOS ECONOMICOS ENTRE 1976-1983
La investigación de la Comisión Nacional de Valores busca probar la existencia de un entramado cívico-militar entre la División Bancos de la Policía Federal, el Banco Central y la CNV. El objetivo era liquidar compañías, bancos y extorsionar empresarios.
Por Sebastián Premici
“Entre los años 1976 y 1983 existió un entramado cívico militar del aparato represivo, con un grupo de tareas integrado por la División Bancos de la Policía Federal, que trabajaba en conjunto con los funcionarios del Banco Central y la CNV. El objetivo fue liquidar empresas, bancos y extorsionar empresarios. Para ello se cometieron delitos de lesa humanidad, que en última instancia perseguían un fin económico.” Esta será una de las principales conclusiones de un informe que está elaborando la Comisión Nacional de Valores a partir del análisis de una serie de actas y documentos oficiales donde aparece la vinculación y participación sistemática de estas dependencias del Estado con los crímenes de la última dictadura. Uno de los que aportaron información a la CNV fue Eduardo Saiegh, ex dueño del Banco Latinoamericano, quien vinculó la participación de la División Bancos de la PFA con las actuaciones del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex vicepresidente del BCRA Alejandro Reynal como los instigadores de la “liquidación” de su empresa. La Secretaría de Derechos Humanos es coquerellante en esa causa.
La CNV, conducida por Alejandro Vanoli, creó a fines del año pasado una oficina de Derechos Humanos para investigar las distintas actas del organismo elaboradas durante el período 1976-1983. Desde el inicio de la última dictadura, la CNV funcionó como un brazo de las Fuerzas Armadas para instigar la liquidación de empresas y bancos. Lo hizo comisionando a un grupo de abogados y contadores como inspectores del Primer Cuerpo del Ejército. Uno de ellos fue Julio Eduardo Juan Spinosa, quien se ocupó de hacer un seguimiento del caso Papel Prensa. También participó de la asamblea en la que se concretó el “traspaso” de la papelera a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
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