viernes, 19 de octubre de 2012

Cuando las sospechas apuntan a los uniformes


PIDIERON LA DETENCION DEL JEFE DE POLICIA DE SANTA FE POR SUPUESTAS VINCULACIONES CON EL NARCOTRAFICO

Investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria determinaron que el oficial habría brindado información a un jefe narco para evitar ser detenido. Escuchas telefónicas indican además que es él con quien hay que arreglar para vender droga.

 Por Raúl Kollmann

En el marco de una investigación sobre narcotráfico digna de novela negra, se pidió la detención del jefe de la Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, acusado de complicidad y de participar en el entramado de coimas con los narcos de esa provincia. Además, se reclamó el allanamiento de su despacho y su domicilio particular. Las evidencias contra el jefe policial surgieron a partir de la investigación de una red de trata de mujeres: en una escucha telefónica, el dueño de un prostíbulo le preguntó a un comisario mayor la forma de arreglar para vender cocaína; mediante un mensaje de texto, el comisario mayor Oscar Ledesma respondió que debía pagar “30.000 (por mes) directo con Tognoli”. En el expediente hay además otra prueba de máxima importancia: un jefe narco que estaba siendo investigado recibió la información de que lo estaban siguiendo autos desconocidos. El sospechoso logró escapar. Luego se supo que alguien había consultado en el Registro de la Propiedad Automotor por las patentes de los vehículos y le informaron que pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esa consulta, que requiere de un código y una clave personal para ingresar, fue hecha –según consta en el expediente– a las 18.08 del 25 de noviembre de 2011 por el comisario Hugo Tognoli. Por ahora ni su detención ni los allanamientos se concretaron.
Kioscos

El expediente tiene ribetes escandalosos por algunas de las metodologías que utilizan los narcos en Rosario y otras ciudades de Santa Fe. La investigación detectó en principio numerosos kioscos de venta de drogas en villas de Rosario, que consistían en cuartitos de un metro por metro y medio. Una especie de casuchas con frente a un pasillo de la villa. Esos cuartitos, según la descripción que obra en la causa, son totalmente cerrados, con una sola puerta que se cierra desde afuera con un candado. En el frente hay una ventana tapiada, que deja apenas un orificio del tamaño de un cenicero, con dos barrotes cruzando la abertura. Por allí el comprador mete el dinero y adentro, por lo general, hay un chico de 14 o 15 años, al que encierran por 24 horas para hacer la transacción. Casi privado de la libertad, no le dan comida y tiene que hacer sus necesidades dentro de esa habitación. El expediente demuestra que afuera –en muchos casos– hay un policía en servicio de custodia. También se comprobó que en el departamento de un policía en actividad había cocaína con la que se proveía a varios kioscos. Según la investigación, en una cuadra a la redonda de una villa había seis kioscos.

En la causa hay además escuchas telefónicas en las que el supervisor de un kiosco le pregunta a un jefe narco cuánto debía pagarle a la dotación de un patrullero que se había presentado. La situación estaría vinculada con la guerra por el territorio que no sólo existe entre los narcos sino también dentro de la policía santafesina, por ver quién se queda con el negocio de las drogas en cada zona (ver nota aparte).

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